El tema económico de moda en España es, sin duda, la rebaja del rating del gobierno español que ha realizado Standard&Poor. Donde antes nuestro Estado tenía un AAA, ahora tiene un AA+. Vamos, estupendo, pero no tan estupendo. Es lo que pasa cuando políticamente todas las notas tienen que ser sobresaliente, que uno para diferenciar entre los buenos y los malos debe andar poniendo + y -.
En todo caso, dicha rebaja lo único que hace es reconocer formalmente que la fiabilidad del Estado español cara a devolver las deudas que asume es menor que la de otros países.
Me llama la atención que se compare tal fiabilidad con la de las empresas. Por ejemplo, en algún lado leí que Carrefour, el grupo francés de distribución, tiene mayor calificación crediticia que España. Pero lo cierto es que, al rebajarse la de España, parecen quedar afectadas las fiabilidades de todas las empresas españolas, lo que parece en primera aproximación absurdo. ¿Por qué va a tener menos posibilidades de devolver su deuda Telefónica o Endesa que el reino de España?
Veamos: la fiabilidad crediticia depende básicamente de la capacidad de hacer caja del agente. Sí, caja, no de generar ingresos que luego se puedan o no cobrar. Solo a partir de dinero en caja se pueden satisfacer las deudas pendientes; en otro caso, habrá que liquidar activos (poniendo en riesgo las actividades) o refinanciar la deuda (que vuelve a evaluar la credibilidad).
Entonces para ver si Telefónica o Endesa debería tener más rating que el Estado español, basta con ver su capacidad de hacer caja. Y aquí sí que creo que, a priori, y aunque pueda sonar extraño, la capacidad de las empresas es en general superior a la del Estado.
Los clientes que no paguen a Endesa saben positivamente que les van a cortar la luz; y como el servicio que les proporciona lo valoran, tienen todos los incentivos para proceder al pago y asegurar la continuidad de un servicio.
Pero, ¿qué pasa si no pagas impuestos? De entrada, no hay ningún servicio que te vayan a cortar. Es más, posiblemente, si solo fuera eso, preferiríamos mantener nuestro dinero y renunciar a los servicios de dudosa calidad que nos proporciona la Admón. Por tanto, no vienen por aquí los incentivos de pago: el Estado no nos suministra nada que valoremos lo suficiente para pagarlo voluntariamente.
Con lo que nos amenaza es con embargos o, en el caso extremo, la cárcel, la privación de libertad. Evidentemente, en condiciones normales, todos preferimos pagar los impuestos y evitar el trullo. Pero, ¿y si no tenemos la pasta? ¿qué preferiríamos, dejar de comer o pagar los impuestos? ¿dejar de tener luz o pagar los impuestos?
Para mí, la respuesta es obvia: se dejan de pagar los impuestos y que me sancionen. De entrada, podré seguir comiendo o calentándome. Además, el procedimiento para eventualmente llevarme a la cárcel es lento, por lo que en el interín, si hay suerte, podría satisfacer mi deuda y poner fin a la pesadilla. En fin, si nada se arregla y tengo que ir a la cárcel, allí al menos me darán de comer y me calentarán, para lo que evidentemente no tengo pasta suficiente ahora.
Todo esto me lleva a concluir que la gente tenderá a preferir pagar a las empresas que le suministran bienes y servicios, que al Estado (siempre, en un caso extremo). En resumen, que la credibilidad de las empresas, en general, debería ser mayor que la del Estado.
Queda un punto por aclarar: ¿por qué, pese a esto, el rating del Estado juega como máximo para todas las empresas en España? Es muy claro: las agencias de rating asumen que, mediante la coacción, el Estado puede asaltar en un momento dado estas compañías para arrebatarles su (de las empresas) legítima propiedad y satisfacer así su (del Estado) deuda. Asunción solo concebible en los estados de extrema inseguridad jurídica en que vivimos.
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