A ver si nos enteramos, Federico

Esta mañana pude sorprender otra vez a Federico en uno de esos renuncios que de vez en cuando traicionan su preparación económica. No es preocupante, pues este comunicador y paladín de la libertad en España bastante hace con mantener el tipo y su independencia. Y que no se preocupe, pues como decía el cura en aquella película de Garci: "la fe (en este caso, la teoría económica)la pongo yo".

El tema va del famoso real decreto que va a anular las limitaciones de voto en las sociedades anónimas. En principio, en las sociedades anónimas y como es lógico, cada accionista tiene un número de votos en proporción al capital que aporta. Si yo pongo 2 millones y tú 1 millón, es claro que yo, de alguna forma, debo de tener más capacidad de decisión sobre la sociedad que tú.

Sin embargo, la libre voluntad de las partes puede alterar este arreglo por defecto. Por las razones que sea, al fundar la sociedad o durante su vida, yo puedo decidir inhibirme en mis votos, o ponernos de acuerdo para que todos, con independencia de su aportación, tengan el mismo número de votos.

Eso ocurre es numerosas sociedades anónimas españolas, especialmente las más grandes y aquellas que han sido privatizadas tras pertencer al estado. Se pone un límite: por ejemplo, ningún accionista puede tener más del 10% de los votos, con independencia de su participación. Es evidente que, de esta forma, el núcleo del accionariado evita perder el control cuando la sociedad sale a Bolsa, ya que nadie, por muchas acciones que compre, puede sumar más del 10% de los votos. Así, el núcleo duro, con un 30% del capital (y a veces con mucho menos), controla la sociedad.

No es el momento aquí de valorar esta práctica, cuyas pegas son evidentes. En primer lugar, porque restan valor a las acciones, ya que se les despoja del derecho a voto. Pero como en España se abusa del minoritario por todos los lados, esto prácticamente no importa.

¿Qué es lo que quiere el gobierno? Abolir este tipo de cláusulas limitativas. Es evidente que esto es intervencionista e interfiere en la supuesta libre voluntad de las partes que montaron la sociedad (en principio). Aunque solo fuera por eso, un liberal de pro como FJL debería estar en contra. Y eso que, en mi opinión, esas cláusulas son abusivas, y seguro que se han puesto por inconfensables intereses en nuestras empresas.

Pero es que hay más: las empresas que en la actualidad se verían más afectadas son Repsol e Iberdrola, donde entraron Sacyr-Vallehermoso y ACS (Florentino Pérez) con participaciones superiores al 10%, que, en virtud de los estatutos que se abolirán, tienen limitados los derechos de voto.

Lo cierto es que ambos "emprendedores" (por llamer de alguna forma a estos empresarios que viven de la contrata y el favor gubernamental) sabían en el momento de la adquisición de la limitación de los votos. No solo lo sabían ellos, también los vendedores. Y eso nos lleva a que estos señores, del Rivero y Pérez, compraron sus participaciones a un precio posiblemente muy por debajo del que hubieran tenido que pagar si las mismas conllevaran los derechos de voto.

Si ahora, con sus presiones, consiguen que la intervención del gobierno cambie las reglas del juego, la valoración de sus acciones se incrementará, dando lugar a un evidente enriquecimiento injusto para estos señores. Y eso, aunque sea más lógico, como defendía el locutor, que cada acción valga un voto.

Sí, eso sería lo fetén. Pero lo que no vale es cambiar las reglas a mitad del partido para beneficiar a unos amigos, por mucho que la situación final pueda parecer más deseable.