Ni abuchearles nos dejan

Pues resulta que la clase política lleva fatal lo de que les abucheen en público. Pero que muy mal. Ya llevamos dos polemiquillas desde el verano: la más reciente, el pasado 12 de octubre, donde se produjo el, según el sufridor de los mismos, ya clásico abucheo a ZP antes del desfile de las Fuerzas Armadas. Pero no se olvide entre el fragor mediático que también a los dirigentes de la Generelitat les cayó la suya, en la fiesta de la Diada.

En ambas ocasiones, ha surgido el interesado debate. En vez de plantearse por qué les abuchean, qué nos parece mal a la plebe de las cosas que hacen, se llevan la discusión a si procede realizar abucheos en esos momentos o no. Muy propio de los políticos. Y entran al trapo todos nuestros espléndidos y plurales medios, que se trata de darnos pan y circo.

Ahí tenemos al señor alcalde de Madrid diciendo que estos abucheos pueden ser aceptables en un acto de gobierno, pero no en uno de Estado. Y yo sin darme cuenta de que hay diferencias en España entre una cosa y otra. Por cierto, oportunidad perdida de los abucheadores para hacerle otro tanto a este sujeto, claro que nos hubiera dicho que al no ser un acto de ayuntamiento no eran procedentes. Otrosí, que los abucheos fueran solo para ZP demuestra sin deje de duda que no había madrileños entre los mismos, pues el alcalde se ha hecho tanto o más acreedor a los mismos que el insigne presidente.

Supongo que a no mucho tardar, se propondrá una norma que regule los abucheos del público. En la misma se definirán los lugares y momentos en qué se puede abuchear. Se dejará a las Comunidades Autónomas que definan 3 días autonómicos para abucheo, y a los Ayuntamientos que definas dos locales. Vamos, como los días festivos. Dicha regulación deberá también definir el nivel máximo y mínimo de clamor para que se considere abucheo, así como los insultos posibles a nuestros políticos. Por último, establecerá las sanciones para abucheos fuera de lugar.

Es claro que el interés general hace necesaria esta norma. Y no creo que haya discrepancias al respecto entre los principales partidos nacionales. Se podría llegar incluso a un pacto de Estado, pues es fundamental que el político pueda robar sin que se le moleste recordándole los problemas de sus administrados. En este sentido, este pacto sería continuación del ya establecido para el tema de la justicia. Ni nos dejamos juzgar, ni nos dejamos abuchear.

Es por el interés general.