El Estado contra el bienestar

Son constantes las quejas sobre la inoperancia de una de las leyes estrellas de la pasada legislatura, la ley de la dependencia: ayudas que no llegan, dificultades burocráticas y otras trabas. Si miramos a las prestaciones de la Seguridad Social, son montones los juicios que estos organismos tienen en marcha discutiendo con los beneficiarios sus derechos a recibir las pensiones de turno. Pero es que, incluso en las exenciones por familia numerosa, son cutres y el Estad parece ir en contra de sus intenciones.

Mi tercera niña nació en noviembre de 2003, y en 2004 se implantó en Madrid una exención (o como se llame) del IBI para familias numerosas. Por supuesto, fue solicitada por un servidor el 11 de enero, tras realizar el carnet de familia numerosa el mismo día. Exención denegada, por no tener el título el 1 de enero del año. De poco valieron mis alegaciones de que constaba que la niña había nacido en noviembre y que la familia numerosa lo era ya el 1 de enero de 2004, aunque careciera de un carnet que lo dijera, y que entendía que en el espíritu de la norma estaba facilitar la vida a esta familia, con independencia de la existencia del documento formal.

Y es que, en cuanto la norma entra en vigor, se pone en marcha también la eficiente maquinaría estatal para ahorrar los gastos que tal norma conlleva. Se supone que en beneficio de todos, pero no. Porque lo que cuenta es que se diga a bombo y platillo que se cuenta con el derecho, no que este se pueda ejecutar. El anuncio ha de salir lo más barato posible, y punto.

Además, todos tendemos a pensar que cuando el Estado lleva a alguien a juicio es seguramente porque éste estaba tratando de beneficiarse indebidamente de algo que no le correspondía. Y, sin embargo ni tener datos estadísticos, me atrevería a decir que no es así. Lo digo por una razón: al funcionario obstaculizador no le cuesta nada ir a juicio, tiene a su disposición un cuerpo de Abogados del Estado para que defiendan sus supuestos intereses. Mientras que al sujeto receptor, sí le cuesta, y lógicamente tratará de evitarlo.

Cuando vas a juicio con el Estado, pagas tu abogado y también el de la otra parte: ¿quién quiere ir a juicio entonces?

Deseo que, con esta crisis, no empiecen los problemas para cobrar el paro y otras pensiones, pero no me extrañaría que, en breve, se empiecen a poner muchas más dificultades irreales a la percepción de estas prestaciones. Al tiempo.