La asimetría en los servicios judiciales

El sistema judicial español y, en general, el concebido como servicio público, es un completo desastre. No estoy descubriendo nada nuevo, aunque día a día podamos en los medios comprobar, aterrados, lo que da de sí el tema. El otro día soltaron a un tipo que llevaba 13 años en la cárcel por un delito que no había cometido... ¿hay algo peor?

Pero es que nos pensamos, en nuestro mundo virtual, que esto es lo excepcional. Y, desgraciadamente, me temo que eso es lo normal, pero solo unos pocos casos afloran, como la punta del iceberg. No queremos ver lo que hay debajo del agua.

Sin embargo, hoy me quiero detener en otro aspecto, sobre el que se vierten curiosamente pocas reflexiones. Y es que, ni siquiera a priori, somos todos iguales ante la justicia. Me explico.

Acudir a un juez no es gratis, pues en la mayor parte de los casos se precisa de la asistencia de un abogado y de un procurador, a los que lógicamente habrá que pagar. Se podría ahora debatir sobre las barreras legales a la entrada para dar asistencia judicial, lo que eleva sin duda los precios de los abogados respecto a un entorno de libre entrada. Pero no es el momento, tomemoslo como dato de partida.

Grosso modo, tenemos tres tipos de potenciales litigantes: individuos, personas jurídicas (empresas) y administraciones públicas. ¿A qué no sabéis a quién le sale más caro el abogado? Tacháaaaaaan: sí, por supuesto, al individuo. En esta sociedad democrática donde todos somos iguales, si nos empeñamos en que se haga justicia en nuestro caso contra una empresa o, no digamos ya, contra una Administración Pública, de entrada estamos palmando más pasta.

En efecto, los honorarios del abogado saldrán íntegros de nuestro bolsillo. Por contra, a la empresa le salen un 35% más baratos, pues dichos pagos le suponen un gasto fiscal y, de una u otra forma, se descontarán de sus ingresos para establecer los beneficios fiscales. Sin contar que, en muchos casos y por la propia estructura de la empresa, su departamento jurídico se puede hacer cargo del tema, sin suponer un extra para ella. Observad que a la empresa le sale más barato simplemente por una decisión normativa: a ella le dejan desgravarse los gastos, a ti no.

Pero el asunto es mucho más escandaloso cuando nos referimos al Estado, pues en este caso el individuo invita: se paga su abogado y también via los impuestos el abogado de la otra parte. ¿Es posible imaginar una situación más perversa? Así que no caben dudas: con una situación así no es de extrañar que el Estado, por vía de sus administraciones, sea el principal litigante del mundo... invita la casa.

Por ejemplo, en una situación de crisis y de disminución de ingresos fiscales, las Administraciones pueden ( y sin duda lo harán), recurrir a todas las instancias judiciales posibles para dificultar, por ejemplo, el cobro del paro o de las pensiones. Y lo harán, encima, en nombre del interés general. Como, además, todos tendemos a pensar que si el Estado lo pone en duda es que el individuo es un carota, este tiene absolutamente todos los incentivos para llevar todo a conflicto judicial, lo contrario que el individuo, quien en muchos casos no se puede permitir ni el lujo de esperar a que se resuelvan los eternos embrollos judiciales.

Así que este es el panorama fuera de Matrix: una justicia que no funciona, y que además deja al pie de los caballos al ciudadano ante el Estado y, aunque no tanto, ante las empresas. Pero sigamos con los cables enchufados.